La existencia en nuestro ordenamiento jurídico de ese delito denominado ofensa contra los sentimientos religiosos -es decir, la estúpida e inquisitorial persecución penal de la blasfemia; la interesada confusión entre dos realidades tan nítida y necesariamente diferenciables como delito y pecado- debería ser considerada un muy grave atentado contra la pacífica convivencia ciudadana, la tolerancia y el estado de derecho, por estar alimentando, y de qué modo, el fundamentalismo nacionalcatolicista.
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