Pasó a la indeseable historia mundial de las grandes catástrofes ambientales con el nombre de accidente minero de Aznalcóllar. Pero no fue un accidente. Fue el producto de la negligencia continuada tanto por parte de la empresa por aquel entonces concesionaria de la mina (la sueca Boliden) como de las administraciones responsables de su control y vigilancia; la crónica de un desastre anunciado.
Dos años y medio antes de que la balsa minera reventara inundando de veneno las arterias y el corazón de Doñana, Manuel Aguilar Campos, ingeniero de minas, había denunciado ante la Agencia de Medio Ambiente y la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía, el Ministerio de Obras Públicas y el Patronato de Doñana, con análisis bien fundamentados, el preocupante estado de la presa. No sólo nadie le prestó atención, sino que fue tildado de demente, alarmista y hasta amenazado de manera "anónima" en repetidas ocasiones. Y se produjo la catástrofe. Este señor merecería, aun a título póstumo, recibir al menos la Medalla de Oro de Andalucía. Como también la merecerían las organizaciones ecologistas que dieron crédito a su por otra parte plausible versión y se sumaron a sus denuncias. Pero esto ni ha sucedido ni sucederá. Como tampoco hubo dimisión alguna.
Se dice que aquellos que olvidan su historia y sus errores están condenados a repetirlos. Aquello se olvidó y, a mediados de mayo, ha vuelto a repetirse, con la fuga masiva de aguas tóxicas desde las instalaciones mineras de La Zarza. Una fuga que, según los responsables de la Consejería de Medio Ambiente, ha sido controlada a tiempo para evitar que resulte afectado el Paraje Natural Marismas del Odiel. Basta un breve paseo por el mismo para comprobar que mienten. Una vez más no se han producido dimisiones. Ni se producirán.
¿Cómo es posible que se produzcan fugas de este tipo? Porque, evidentemente, cuando ocurren, ya llevan tiempo gestándose. ¿Es que nadie en nuestra sacrosanta Consejería de Medio Ambiente se ocupa de la vigilancia y control de las explotaciones mineras tanto activas como abandonadas? ¿Tanto costaría hacerlo? Según el Inventario de canteras, graveras y minas 98-99 de la Consejería de Medio Ambiente, para esas fechas, en la provincia de Huelva se contabilizaban un total de 79 escombreras mineras —ocupando una superficie de 6'70 Kms. cuadrados, en torno a la tercera parte de la superficie afectada en este sentido en el total de la Comunidad Autónoma— y 27 balsas —0'45 Kms. cuadrados de 1'71 en toda Andalucía—. Con que se realizasen 2 inspecciones semanales, lo cual no se antoja como una labor hercúlea, a lo largo del año podrían estar debidamente controladas en su totalidad.
Y no hubiese tenido lugar la fuga de hace unos días en La Zarza. Fuga que se produce pese a que en la década de los 90 del pasado siglo, la Administración Ambiental Andaluza pusiese en marcha el Plan de Mejora Ambiental de las cuencas de los ríos Tinto y Odiel, en el marco del Programa Operativo del Norte de Huelva, financiado en un 60% por la Unión Europea a través de los fondos FEDER, a la par que la restauración minera de las explotaciones activas y abandonadas ubicadas en las cuencas de ambos ríos. Sólo para las actuaciones realizadas en la cuenca del Odiel, según consta en el Informe de Medio Ambiente de Andalucía para el año 1996, se gastaron más de 8 millones de euros. De estos, 950.000 fueron empleados para acometer la regeneración de La Zarza y El Perrunal, aunque según otras fuentes esta cifra podría ascender a casi 1 millón 150 mil euros. Y veintitantos años después, allí mismo, se produce el descomunal vertido; porque llamarlo fuga es poner paños calientes y quedarse muy, muy cortos. Dinero público tirado a espuertas al basural de la incompetencia y la desidia administrativas.
Sí, tal y como era de esperar, se repitió la misma triste y nauseabunda historia. Y si una vez más no hay nadie que asuma responsabilidades al respecto, si se miente desvergonzadamente en lo relativo al alcance real de los impactos del vertido, si la Consejería de Medio Ambiente sigue empeñada en su negligente política de mal curar en lugar de prevenir, sólo cabe preguntarse dónde y cuándo tendrá lugar la próxima catástrofe.
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