El pasado 20 de
noviembre, el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía, a través de su portavoz
en la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Cámara andaluza, Don José Antonio
Miranda Aranda, envió una carta a Ecologistas en Acción comunicando a esta
organización que su Grupo había solicitado su comparecencia ante la Comisión
antes citada, a objeto de que aportase su opinión respecto al Proyecto de Ley
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013. Hasta
este punto, todo cierto. El Grupo Popular, al igual que había hecho el de IU
LV-CA, había incluido entre sus propuestas de comparecientes a Ecologistas en
Acción.
Pero,
posteriormente, el portavoz del Partido Popular, con una desfachatez fuera de
lo común, se tomaba la libertad de afirmar en su misiva que “lamentablemente,
al haberse opuesto a su comparecencia los otros dos Grupos Parlamentarios (PSOE
e IU), no ha sido posible que podamos contar con su presencia en el Parlamento
de Andalucía y, por tanto, su valoración del Proyecto de Ley”.
Para que quede de
manifiesto que esto último no es más que una burda y malintencionada falacia,
hay que comenzar diciendo que la comparecencia de agentes sociales y
organizaciones interesadas en la regulación de cualquier Proyecto de Ley a
tramitar en la Cámara Andaluza aparece regulada en el número 3 del artículo 112
del Reglamento del Parlamento de Andalucía, el cual hace recaer en la Mesa de
la Comisión competente “apreciar en cada caso la oportunidad de las solicitudes
de comparecencia efectuadas por los Grupos parlamentarios.” Es decir, son
únicamente los miembros de la Mesa de la Comisión competente los que, con su
voto o mediante acuerdo, deciden qué agentes sociales y organizaciones comparecen
finalmente.
Para el caso que
nos ocupa, el Proyecto de Ley de Presupuesto, la Comisión competente es la de
Hacienda y Administración Pública, de cuya Mesa no forma parte ningún miembro
del Grupo Parlamentario de IU LV-CA. Así, la Presidencia es ostentada por Doña
María Dolores López Gabarro, del Grupo Popular, en tanto que la Vicepresidencia
y Secretaría corresponden respectivamente a Doña María Luisa Bustinduy Barrero
y Don Miguel Castellano Gámez, ambos del Grupo Socialista. Por lo tanto, el
Grupo Parlamentario de IU LV-CA no pudo votar en contra ni a favor de la
comparecencia de ningún agente social u organización posiblemente interesada en
la regulación del Proyecto de Ley de Presupuestos, como afirmaba el portavoz del
Grupo Popular, faltando a la verdad, en su carta.
La Mesa de la Comisión
de Hacienda y Administración Pública se reunió para decidir acerca de las
citadas propuestas de comparecencias, el pasado 8 de noviembre de 2012. Ese
día, tal y como consta en acta, “tras debatir los portavoces sobre los agentes
sociales y organizaciones que debían ser citados por la Mesa de la Comisión
para comparecer ante la misma, la Mesa acuerda, por unanimidad, citar a
aquellas entidades propuestas por los tres grupos parlamentarios, descartar la
convocatoria de aquellas propuestas únicamente por un grupo y proceder a la
votación individualizada de quienes hubieran sido solicitadas por dos grupos.
Conforme a dicho acuerdo, y en relación con estas últimas (…), la Mesa no acuerda
la citación de la Unión Sindical Obrera (USO) y de Ecologistas en Acción, al
votar en contra la vicepresidenta, Sra. Bustinduy Barrero, ni tampoco la de la
Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa AL ANDALUS, al votar en
contra la presidenta, Sra. López Gabarro.”
Aunque no consta en
el acta de la citada Mesa, al parecer hubo una especie de “intercambio de
cromos” entre los dos partidos mayoritarios en la Cámara andaluza, mediante el
cual el PSOE cedió en sus pretensiones de que compareciese AL-ANDALUS, en tanto
el PP lo hizo para el caso de Ecologistas en Acción. Es decir, fueron PP y PSOE
los que de algún modo estuvieron de acuerdo para impedir la comparecencia de
Ecologistas en Acción.
Pero el Grupo
Parlamentario de IU LV-CA no permaneció impasible ante esta decisión. Así, su
portavoz en la Comisión de Hacienda y Administración Pública, Don Ignacio
García Rodríguez, hizo constar en acta “su disconformidad con la considerable
disminución del número de comparecientes citados por la Mesa de la Comisión en
comparación con los convocados durante la tramitación de la ley de presupuestos
del pasado año 2012.”
Tras los hechos
relatados, la actuación de Don José Antonio Miranda Aranda, así como, si los
hubiere, de aquellos que la hubiesen avalado u avalaren en el futuro, sólo
puede ser calificada, siendo comedidos, como una muy grave falacia y una
manipulación bochornosa, causa de vergüenza ajena, así como de una absoluta
falta de respeto e intolerable deslealtad para con Ecologistas en Acción, el
Parlamento de Andalucía y todas las andaluces y andaluzas a los que esta Cámara
representa. Una actuación que requeriría que este diputado renunciase de
inmediato a su acta de diputado, así como que se pidiesen públicas disculpas a
Ecologistas en Acción y a todo el pueblo andaluz por parte del Grupo
Parlamentario Popular.
Pero,
probablemente, nada de eso ocurrirá, pese a que son, entre otras, actuaciones
como la citada, las que han dado y siguen dando lugar al actual desprestigio de
la clase política ante la opinión pública, desprestigio que, si atendemos a
comportamientos como el del diputado popular, parece estar más que justificado.
Lo malo, no obstante, es que también terminan pagando justos, los políticos
honestos, que son muchos, por pecadores.
(El autor es militante de IU LV-CA y Ecologistas en Acción)
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